EFICIENCIA DEL ESTADO

EFICIENCIA DEL ESTADO

En líneas generales, tanto en los países del mundo industrializado como en las naciones en desarrollo, las acciones y omisiones del Estado responden a los intereses que representa el gobierno en ejercicio. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos grupos de países reside en la capacidad estatal para formular y ejecutar políticas. En las naciones industrializadas, las intervenciones en la economía a través de reservas del mercado interno, subvenciones, créditos blandos, asignaciones de presupuestos y actividades empresariales directas se ejecutan, por lo general, sobre la base de dos elementos fundamentales: 1) una estrategia de desarrollo consensual y nacional, y 2) un Estado eficiente.

Los nuevos modelos teóricos relacionados con la economía institucional y con los estudios sobre gobernabilidad indican que sin un Estado participativo y con una gran capacidad para racionalizar la formulación y ejecución de políticas, es poco probable que se consolide una estrategia de crecimiento de largo plazo que logre una articulación eficiente de los sectores público, privado y social.

En el Perú, existe una gran debilidad del aparato público y ello ocurre a pesar de que, por sus características (mayores diferencias sociales, mercados internos pequeños, sectores empresariales poco competitivos, etc.), es posible concluir que la región requiere una participación estatal tan importante o incluso mayor que la del mundo industrializado para enfrentar los principales problemas y desafíos del desarrollo. Por esta razón, la modernización del Estado no es sólo un tema prioritario, sino también urgente.

El Perú constituye un caso extremo, esto debido a los siguientes aspectos: extrema pobreza, extrema debilidad del Estado, extrema insuficiencia en el desarrollo de los mercados y extremos desencuentros históricos entre las organizaciones significativas de la sociedad. Además, en el pasado reciente los peruanos han pasado de un gobierno en extremo intervencionista (1985-1990) a uno en extremo liberal (1990-1996).

El avance hacia un Perú que cuente con una sociedad civil organizada y activa, una economía moderna y competitiva, y un Estado representativo y eficiente se dará por la confluencia e interacción de tres procesos: la democratización social, que propicia una mayor igualdad y requiere de la creación de mayores oportunidades para todos los peruanos; la modernización productiva, que está extendiendo el ámbito en el cual operan los mercados y busca elevar la productividad de las empresas peruanas y la legitimación de las instituciones estatales, que apunta hacia una reforma integral del Estado para hacerlo más representativo y eficiente. Estos procesos deben estar orientados por una visión compartida del futuro del Perú, capaz de movilizar esfuerzos y voluntades.

Los desequilibrios macroeconómicos del decenio de los ochenta (crisis de la deuda, la recesión económica y las altas tasas de inflación) motivaron el diseño y puesta en práctica de programas de estabilización y ajuste estructural en casi toda América Latina. El Perú fue una excepción: hacia fines de la “década perdida” el gobierno continuaba experimentando con políticas estatistas y heterodoxas que desembocaron en la hiperinflación más larga de nuestra historia. Lo anterior agudizó la crisis de gobernabilidad democrática, el deterioro social y devaluó las instituciones, sobre todo en el sector público. También hizo necesario un drástico programa de estabilización y ajuste que agudizó los problemas sociales a principios de la década de los noventa. Las observaciones de Naím, sobre las características institucionales del proceso de estabilización, sugieren que se requiere de gran determinación política y de un gobierno enérgico para estabilizar una economía en forma exitosa.

La coyuntura política al inicio del decenio de los noventa determinó que no se debatieran ni se plantearan alternativas al programa de estabilización y reformas económicas del gobierno, excepto por algunos sectores de oposición radical. No hubo incentivo alguno para que el gobierno estableciera canales de comunicación y diálogo con los diferentes grupos de ciudadanos. Sin embargo, superada la situación de emergencia económica y política, el estilo de gobierno se mantuvo sin modificaciones. A fines del decenio, el Perú llegó a una situación de angustia generalizada por la violencia terrorista y la hiperinflación. Ante la ciudadanía, esto justificó medidas drásticas y radicales, aplicadas en un contexto de emergencia nacional. Sin embargo, superada la situación de emergencia cambió la naturaleza de los problemas y la percepción ciudadana sobre las prioridades nacionales. Mantener un estilo de gobierno que fue útil para superar la emergencia puede ser contraproducente cuando se trata de resolver los problemas del desarrollo económico y social en el mediano y largo plazo.

A estos factores, que ayudan a comprender los problemas que enfrenta el Perú en la transición hacia un manejo más institucionalizado de las reformas de política económica y social, se une la escasa influencia política de la oposición. Como consecuencia, dentro del gobierno, sobre todo en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, no existen condiciones e incentivos para el diseño y puesta en práctica de estrategias y políticas de largo plazo, entre las cuales se encuentra la reforma del Estado peruano.

Por el contrario, la forma en que se ejerce el poder político lleva a una concentración de decisiones en pocas manos, socava los esfuerzos para reformar las instituciones públicas y debilita los procesos de planeamiento estratégico y descentralización. Si esto no se modifica sustancialmente no será posible avanzar hacia una reforma del Estado duradera, coherente y capaz de sustentar un proceso de desarrollo económico y social en la transición hacia el siglo XXI.

Sólo un balance adecuado entre estos tres protagonistas de nuestro desarrollo (económico, político y social) hará que el Perú camine a buen paso hacia el desarrollo.

Fuente: HERZK; Jaime; et all (1999). “La Reforma del Estado en el Perú”. Agenda: Perú. Edit Miraflores.

Ensayo: Función Social del Estado

Jueves 23 de septiembre

Ensayo: Función Social del Estado

El estado es una forma de organización política de la sociedad, es el encargado de defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

A lo largo del tiempo, el Estado ha estado sujeto a múltiples transformaciones, conforme cambian los sistemas tanto, económicos, políticos y sociales de los países, el Estado también lo hace. En general, se puede decir que anteriormente la participación del Estado era mayor en todos ámbitos sectoriales de las economías; no obstante, hoy en día gracias a la apertura comercial, entre otros aspectos, la intervención del Estado ha disminuido y  hoy en día sólo interviene cuando se presentan problemas como los fallos del mercado, las externalidades o bien en la distribución y asignación de bienes públicos.

Zyanya Ameyalli González Hernández

FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO EN PERÚ

FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO EN PERÚ

Existen múltiples maneras de analizar el grado de intervención del Estado en una economía. Entre ellas pueden mencionarse: 1) la participación de los ingresos y gastos del gobierno como porcentaje del PBI; 2) la cantidad de bienes públicos y/o privados suministrados públicamente; 3) la intensidad y profundidad de la regulación estatal y 4) el alcance y la capacidad para ejercer el control legal, regulatorio y político del país.

Analizando las características de estos cuatro indicadores, se puede precisar el peso de la acción del Estado en la estrategia de desarrollo y la promoción de la equidad en un determinado país.

En lo que respecta a Perú, su Constitución Política establece que su República es democrática, social, independiente y soberana y el Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. A continuación se presentan los principales artículos de la Constitución Política que nos ayudarán a comprender las funciones que tiene el Estado en Perú:

Según el Artículo 44° de la Constitución establece los deberes primordiales del Estado los cuales son: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y  promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Artículo 45°.  El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabil­idades que la Constitución y las leyes establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

  

Artículo 47°. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. 

  

Artículo 50°. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

  

Artículo 54°.  El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

  

Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

Artículo 64°. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

Artículo 65°. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

Estas son las características que enuncia la carta magna sobre las funciones del Estado o al menos sobre lo que debe hacer. No obstante, si analizamos la realidad del país, podemos encontrar alguna inconsistencias en lo que respecta a la participación del Estado ya que recordemos que Perú después derrotar a las fuerzas españolas y lograr su independencia en 1821, el país estuvo sumido bajo la fuerza de un gobierno totalmente militar y fue hasta 1980 cuando Perú retornó hacia un liderazgo democrático; no obstante, dificultades económicas y el crecimiento de una insurgencia violenta con la elección del presidente Alberto Fujimori en 1990 marcó el comienzo de una década que vio un cambio radical en la economía y el progreso significativo en la reducción de actividad de la guerrilla.

Durante los últimos cuatro decenios se ha presenciado tanto en América Latina como en otras regiones del mundo en desarrollo, que las sociedades que más han progresado son aquellas que lograron establecer relaciones de cooperación entre el Estado, el libre juego de las fuerzas de mercado y la participación activa de la sociedad civil; esto implica evitar convertirnos, una vez más, en prisioneros de una de las tres utopías que, llevadas a sus extremos, han causado mucho daño en América Latina. Nos referimos a la utopía estatista, en la cual el Estado puede y debe hacerlo todo; la utopía de mercado, en la cual basta sólo con dejar que funcionen la fuerzas de mercado para resolver todos nuestros problemas, y la utopía basista, en la cual la

acción de las bases organizadas es lo único que puede llevarnos hacia el

desarrollo.

Durante el último cuarto de siglo, en el Perú hemos experimentado el predominio de la utopía estatista a fines de la década de los sesenta y principios de la de los setenta; la pugna entre la utopía de mercado, la utopía basista y la visión estatista entre 1987 y 1990, y el predominio de

la utopía de mercado durante los últimos seis años.

Para avanzar en el diseño y puesta en práctica de estrategias de desarrollo que sean viables y sostenibles en la transición hacia un nuevo siglo deberíamos buscar lo que podríamos llamar la utopía del justo medio, caracterizada por el equilibrio entre la acción del Estado, de las fuerzas de mercado y de la enorme variedad de organizaciones sociales del país. Sólo un balance adecuado entre estos tres protagonistas de nuestro desarrollo hará que el Perú camine a buen paso hacia el desarrollo.

El Estado es un producto histórico que se adapta permanentemente a la cultura cívica de una sociedad. En este sentido del Estado plantea como desafío principal el desarrollo de capacidades entre las diferentes organizaciones de la sociedad, de manera que su interacción permita la generación paulatina de instituciones que promuevan tanto el crecimiento económico como la solidaridad.

Fuentes: Constitución Política del Perú

HERZK; Jaime; et all (1999). “La Reforma del Estado en el Perú”. Agenda: Perú. Edit Miraflores.

FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

Antes de establecer una postura propia sobre si el Estado debe de intervenir en la sociedad o no, es pertinente hacer una revisión sobre las diferentes escuelas del pensamiento económico, es evidente que cada una de las respuestas se encuentran influenciadas por el contexto histórico en el que se desarrollan, así como también por posturas ideológicas e intereses económicos.

En el siglo XVI los mercantilistas reclamaban la presencia de gobiernos fuertes y unitarios que permitieran la consolidación de los estados nacionales. Mientras algunos creían que bastaba con acumular oro y plata para garantizar la riqueza individual y nacional; otros impulsaron a sus estados a la expansión del comercio y el dominio de los mercados (Burkun y Spagnolo, 26-27).

Frente a esto, los fisiócratas buscarán la eliminación de toda traba que impidiese el funcionamiento del orden natural establecido por Dios para bienestar de los hombres. A partir de allí, propugnarán la no intervención del Estado en la resolución de los problemas económicos. Entre los siglos XVIII y XIX, la escuela clásica adoptará el orden natural como principio de racionalidad y profundizará algunos aspectos de la relación entre el gobierno y los mercados privados. Se trata de una escuela liberal y, en tanto, no intervencionista ya que el capitalismo encarnará para ella las nociones de libertad e igualdad (Burkun y Spagnolo, 28-30).

El marxismo constituyó otra de las respuestas al rol del Estado en economía.  Para Marx, el intervencionismo era necesario para mantener el funcionamiento de la relación de explotación entre capitalistas y trabajadores, y se explicaba en la necesidad de articular las voluntades individuales y controlar los conflictos que amenazaban la continuidad del sistema. (Burkun y Spagnolo, 36)

El keynesianismo en los años treinta significó la generalización del Estado de Bienestar entendido como el conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore sus condiciones de vida.

Luego de la segunda guerra mundial, las teorías sobre el desarrollo partieron de la premisa de que el sector público podía utilizarse para consolidar el cambio estructural necesario por aquel entonces, cambio principalmente vinculado al requerimiento de una rápida industrialización. Las décadas siguientes aparejaron un papel activo de parte del Estado (Evans, 529).

Posteriormente con la crisis de los años setenta se alteró la perspectiva de la intervención pública, de esta manera en la década de los 80 resurgieron las ideas liberales considerando que el Estado no era la solución sino el problema ya que se le atribuyó el desempleo masivo, la inflación y la debilidad del crecimiento.

Dado todo lo anterior es que consideramos que la participación o intervención del Estado es importante, más sin embargo tal como lo refiere la teoría Keyenesiana este solo debe garantizar las condiciones para que todos tengan acceso a los servicios básicos que les permitan mejorar sus condiciones de vida, no obstante se agrega que el Estado deberá intervenir precisamente cuando exista una serie de problemáticas generales que impidan el desarrollo de la población, de otra manera sería injustificada su intervención.