FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO EN PERÚ
Existen múltiples maneras de analizar el grado de intervención del Estado en una economía. Entre ellas pueden mencionarse: 1) la participación de los ingresos y gastos del gobierno como porcentaje del PBI; 2) la cantidad de bienes públicos y/o privados suministrados públicamente; 3) la intensidad y profundidad de la regulación estatal y 4) el alcance y la capacidad para ejercer el control legal, regulatorio y político del país.
Analizando las características de estos cuatro indicadores, se puede precisar el peso de la acción del Estado en la estrategia de desarrollo y la promoción de la equidad en un determinado país.
En lo que respecta a Perú, su Constitución Política establece que su República es democrática, social, independiente y soberana y el Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. A continuación se presentan los principales artículos de la Constitución Política que nos ayudarán a comprender las funciones que tiene el Estado en Perú:
Según el Artículo 44° de la Constitución establece los deberes primordiales del Estado los cuales son: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Artículo 45°. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Artículo 47°. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Artículo 50°. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
Artículo 54°. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
Artículo 64°. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Artículo 65°. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
Estas son las características que enuncia la carta magna sobre las funciones del Estado o al menos sobre lo que debe hacer. No obstante, si analizamos la realidad del país, podemos encontrar alguna inconsistencias en lo que respecta a la participación del Estado ya que recordemos que Perú después derrotar a las fuerzas españolas y lograr su independencia en 1821, el país estuvo sumido bajo la fuerza de un gobierno totalmente militar y fue hasta 1980 cuando Perú retornó hacia un liderazgo democrático; no obstante, dificultades económicas y el crecimiento de una insurgencia violenta con la elección del presidente Alberto Fujimori en 1990 marcó el comienzo de una década que vio un cambio radical en la economía y el progreso significativo en la reducción de actividad de la guerrilla.
Durante los últimos cuatro decenios se ha presenciado tanto en América Latina como en otras regiones del mundo en desarrollo, que las sociedades que más han progresado son aquellas que lograron establecer relaciones de cooperación entre el Estado, el libre juego de las fuerzas de mercado y la participación activa de la sociedad civil; esto implica evitar convertirnos, una vez más, en prisioneros de una de las tres utopías que, llevadas a sus extremos, han causado mucho daño en América Latina. Nos referimos a la utopía estatista, en la cual el Estado puede y debe hacerlo todo; la utopía de mercado, en la cual basta sólo con dejar que funcionen la fuerzas de mercado para resolver todos nuestros problemas, y la utopía basista, en la cual la
acción de las bases organizadas es lo único que puede llevarnos hacia el
desarrollo.
Durante el último cuarto de siglo, en el Perú hemos experimentado el predominio de la utopía estatista a fines de la década de los sesenta y principios de la de los setenta; la pugna entre la utopía de mercado, la utopía basista y la visión estatista entre 1987 y 1990, y el predominio de
la utopía de mercado durante los últimos seis años.
Para avanzar en el diseño y puesta en práctica de estrategias de desarrollo que sean viables y sostenibles en la transición hacia un nuevo siglo deberíamos buscar lo que podríamos llamar la utopía del justo medio, caracterizada por el equilibrio entre la acción del Estado, de las fuerzas de mercado y de la enorme variedad de organizaciones sociales del país. Sólo un balance adecuado entre estos tres protagonistas de nuestro desarrollo hará que el Perú camine a buen paso hacia el desarrollo.
El Estado es un producto histórico que se adapta permanentemente a la cultura cívica de una sociedad. En este sentido del Estado plantea como desafío principal el desarrollo de capacidades entre las diferentes organizaciones de la sociedad, de manera que su interacción permita la generación paulatina de instituciones que promuevan tanto el crecimiento económico como la solidaridad.
Fuentes: Constitución Política del Perú
HERZK; Jaime; et all (1999). “La Reforma del Estado en el Perú”. Agenda: Perú. Edit Miraflores.
